Estimado director:

Recientemente, el Fondo Nacional de Salud (FONASA) ha emitido la Resolución Exenta Nº 0173, de fecha 14 de febrero del presente año, la cual introduce modificaciones en los aranceles de atención. En el ámbito de la psicología, esta resolución no solo implica cambios, sino que directamente elimina los códigos de atención para pruebas psicológicas. Dicha medida afecta a todos los usuarios de FONASA, sin distinción de programa o modalidad de atención.

En la práctica, esto significa que los tests y evaluaciones psicológicas ahora se consideran parte de una consulta general o sesión de psicoterapia, sin un arancel diferenciado. Actualmente, según el tramo, el valor de una consulta psicológica en FONASA oscila entre $12.000 y $20.000.

Históricamente, los tests psicológicos han tenido un valor superior, llegando en algunos casos a un. rango de $30.000 a $35.000. Con esta nueva disposición, dichos exámenes se incluyen dentro de una consulta común, reduciendo su valor a un máximo de $20.000.

A simple vista, esto podría parecer beneficioso para los pacientes, ya que se reduciría el costo de estas evaluaciones. Sin embargo, en la realidad del sector, esta medida podría generar el efecto contrario. Actualmente, muchos centros privados tienen dificultades para encontrar profesionales dispuestos a atender bajo modalidad FONASA debido al bajo arancel de las consultas. Con la eliminación de los códigos de pruebas psicológicas y su incorporación a una consulta estándar, esta situación se agrava, lo que podría traducirse en una menor disponibilidad de atención para los usuarios de FONASA.

FONASA parece no haber considerado que esta decisión podría provocar una disminución en la oferta de profesionales en esta modalidad de atención. De hecho, este fenómeno ya se está manifestando en diversos centros psicológicos, los cuales se ven forzados a restringir la oferta de atención para usuarios de FONASA, enfocándose exclusivamente en pacientes de ISAPRE oparticulares. En consecuencia, millones de personas podrían verse privadas del acceso a prestaciones psicológicas, agravando la ya crítica situación de la salud mental en el país.

Esperamos estar equivocados. Asimismo, esperábamos que las promesas de distintos gobiernos en torno a la salud mental se tradujeran en políticas públicas concretas y efectivas. La salud mental no es un privilegio de pocos, sino un derecho de muchos, cuyo impacto trasciende al bienestar individual y afecta a la sociedad en su conjunto. Por ello, hacemos un llamado urgente a que esta medida sea revisada y corregida, reestableciendo los códigos de atención para pruebas psicológicas o, en su defecto, generando un mecanismo de compensación que asegure la viabilidad de la atención psicológica en el sistema público y privado.

Atentamente,

Daniel Vásquez Pereira

Abogado

Juez Árbitro

Candidato a Magister Justicia Constitucional y D.D.H.H